La Defensoría de los Habitantes y la Fiscalía General de la República intervinieron un albergue transitorio del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en Cartago para investigar si un grupo de niños y niñas eran sujetos a castigo físico y psicológico por parte de personas que tenía a cargo su cuido y protección.
Esto ha permitido fiscalizar las condiciones que se encuentran esta población institucionalizada en cuanto a espacio físico, infraestructura, alimentación, recreación, cuido, entre otros aspectos. Estas acciones permitieron que la Defensoría recibiera una denuncia que permitió que personal de la institución se trasladara al lugar para analizar la situación.
La denuncia indicaba que tres tías cuidadoras en el albergue agredían a los niños y niñas física y psicológicamente, los encerraban, golpeaban los dejaban sin comer, los amenazaban con fajas, lo ponen a lavar las sábanas si se orinan, entre otras situaciones.
La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, conversó con varios de los niños y niñas con edades entre los 0 y 12 años, quienes relataron al personal de la Defensoría que ahí los trataban muy mal, que no los dejaran solos.
Ello permitió que de inmediato se coordinara con la señora Fiscala General de la República, Emilia Navas, quien trasladó personal al lugar en compañía de personal del Organismo de Investigación Judicial para proceder con las investigaciones del caso.
La Defensora solicitó al PANI que explique cuáles son los mecanismos de supervisión para verificar la atención y el trato que brindan las personas que tienen a cargo su protección en estos albergues; si existen referencias sobre lo que allí podía estar pasando y las medidas que se tomarán para garantizar la protección de la población menor de edad mientras se realiza la investigación interna, entre otras preguntas.
Por estos hechos, la Fiscalía Adjunta de Cartago abrió una investigación y ordenó la detención de dos mujeres de apellidos López Castillo y Cruz Ruiz, quienes figuran como sospechosas de cometer el presunto delito de abuso o incumplimiento de patria potestad. En apariencia, ellas estaban a cargo de siete personas menores entre los siete y 12 años, y habrían estado cometiendo diversos maltratados, en perjuicio de estas.
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